De acuerdo con el documento Violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por tecnologías: marcos normativos, respuestas estatales y desafíos en América Latina y el Caribe, presentado por ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por tecnologías (conocida por sus siglas en inglés como TFVAWG) no constituye un fenómeno aislado ni un “ciberdelito” puramente virtual; se trata de una extensión y amplificación de la violencia de género estructural, arraigada en relaciones desiguales de poder. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las redes sociales y los entornos digitales actúan como aceleradores y multiplicadores que:
Extienden la agresión más allá del espacio físico, eliminando la posibilidad de refugio o desconexión para las víctimas.
Aumentan el alcance y la permanencia: El contenido lesivo (como la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad o los ataques coordinados) puede viralizarse rápidamente, multiplicarse de manera indefinida y permanecer en la red de forma perpetua.
Afectan de forma diferenciada e interseccional: Las mujeres en la vida pública (políticas, periodistas, defensoras de derechos humanos) y las jóvenes sufren proporciones alarmantes de hostigamiento. Asimismo, el impacto se agrava al cruzarse con factores como la etnia, la orientación sexual, el nivel socioeconómico o la condición de migración.
Marcos Normativos e Internacionales
El informe examina la evolución de los estándares internacionales de derechos humanos aplicados a la era digital y destaca instrumentos clave:
Estándares Regionales: Se subraya el rol histórico del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la necesidad de armonizar los ordenamientos jurídicos internos de los países de América Latina y el Caribe.
La Ley Modelo Interamericana (2025): Un hito normativo reciente impulsado para orientar a los Estados en la prevención, sanción y erradicación específica de la violencia digital contra las mujeres basándose en una perspectiva de género integral.
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA): El documento analiza los vacíos normativos en la protección específica de las infancias y adolescencias frente a riesgos emergentes en entornos virtuales (grooming, explotación sexual facilitada por tecnología, y exposición temprana a contenidos violentos o abusivos).
Respuestas Estatales y Desafíos Críticos
A pesar de los avances legislativos en diversos países de la región (como las reformas inspiradas en la “Ley Olimpia” y normativas afines en distintos países latinoamericanos), la investigación de ONU Mujeres detecta deficiencias estructurales críticas en las respuestas de los Estados:
Enfoque excesivamente punitivo: Gran parte de las legislaciones nacionales reducen el problema casi exclusivamente al ámbito penal y se centran de forma restrictiva en la difusión no consentida de material íntimo. Esto deja fuera de la protección adecuada otras manifestaciones graves de violencia digital (como el acecho o stalking, el doxxing, la manipulación de imágenes mediante Inteligencia Artificial o los ataques de odio coordinados).
Revictimización institucional: Los sistemas de procuración de justicia suelen carecer de perspectiva de género, lo que frecuentemente desplaza la carga de la prueba o cuestiona la conducta de la víctima en lugar de investigar el delito y proteger sus derechos.
Subdenuncia y falta de métricas: La ausencia de definiciones conceptuales unificadas y metodologías de medición estandarizadas obstaculiza dimensionar la verdadera prevalencia del fenómeno en la región.
Ausencia de rendición de cuentas de las plataformas: Las empresas tecnológicas y redes sociales operan a menudo con una regulación insuficiente en materia de moderación de contenidos con perspectiva de género, transparencia algorítmica y canales expeditos de atención y eliminación de contenido abusivo.
Las Diez Líneas de Acción Prioritarias
Para transformar la respuesta estatal frente a la TFVAWG, el documento concluye proponiendo un decálogo de acciones estratégicas divididas en tres ejes fundamentales:
Marcos Normativos robustos e integrales
Tipificación adecuada y amplia: Actualizar los códigos penales y civiles para reconocer todas las formas de violencia facilitada por tecnología (no solo la difusión de contenido íntimo), incorporando definiciones claras y alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos.
Garantizar el enfoque interseccional: Asegurar que las leyes y políticas reconozcan cómo los impactos de la violencia digital se multiplican en mujeres con identidades diversas (mujeres indígenas, afrodescendientes, diversidades sexogenéricas, mujeres con discapacidad).
Protección reforzada para infancias y adolescencias: Establecer marcos regulatorios específicos que prevengan y sancionen las violencias digitales dirigidas a niñas, niños y adolescentes, equilibrando la protección con el respeto progresivo a sus derechos digitales.
Implementación Institucional y Respuesta Estatal Efectiva
Capacitación especializada: Formar a operadores de justicia, fiscalías, policías y personal de atención primaria en perspectiva de género, ciberseguridad y manejo de evidencia digital sin revictimización.
Creación de mecanismos de denuncia accesibles: Facilitar rutas de denuncia seguras, confidenciales y expeditas que reduzcan las barreras tecnológicas, económicas y psicológicas a las que se enfrentan las mujeres.
Políticas integrales de prevención y atención: Ir más allá del castigo penal implementando servicios de apoyo psicosocial, asistencia jurídica gratuita y rutas de reparación integral del daño para las sobrevivientes.
Sistemas de información y medición: Fomentar registros oficiales, encuestas especializadas y metodologías estadísticas rigurosas para dimensionar con precisión la incidencia y características de la violencia digital en cada país.
Cooperación Regional y Regulación del Sector Tecnológico
Regulación y corresponsabilidad de las plataformas tecnológicas: Exigir a las empresas de tecnología mayor transparencia algorítmica, políticas de moderación de contenidos efectivas y mecanismos rápidos de retirada de material ilícito o no consentido.
Alfabetización digital y transformación cultural: Impulsar programas educativos desde edades tempranas enfocados en la ciudadanía digital responsable, la igualdad de género y la deconstrucción de normas sociales patriarcales en internet.
Fortalecimiento de la cooperación regional e internacional: Promover el intercambio de buenas prácticas, investigación conjunta y la articulación entre los Estados de América Latina y el Caribe para enfrentar un fenómeno que, por su propia naturaleza transnacional, trasciende las fronteras nacionales.
