La impunidad por actos de corrupción es la regla. Las leyes no se cumplen. Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia tienen muy mala reputación por corrupción.
Y la solución del gobierno es aumentar los castigos en vez de corregir las causas de la corrupción, lo cual por un lado encarece el soborno y por otro aumenta la impunidad. No es un escenario alentador.
La opinión pública parece capturar de manera acertada este fenómeno: la impunidad o falta de castigo se identifica como la principal causa de corrupción en México.
La cifra negra en el área de corrupción se comporta de manera similar al promedio de delitos: de cada 100 actos ocurridos, 29 son denunciados y tan sólo 8 tienen alguna consecuencia.
La gran mayoría percibe corrupción en el poder judicial. Para atender el problema desde la raíz, la ciudadanía aplaude la reforma.
Pese a denuncias contra jueces que cobran de 200 mil hasta un millón de pesos o aceptan regalos costosos por el cambio de resultado del juicio o de medida cautelar, el Poder Judicial de la Ciudad de México no ha aplicado sanciones severas ni destituido a ninguno.
En los últimos 11 años sancionó administrativamente a 32 y sólo en dos casos aplicó una inhabilitación de 10 y un año, respectivamente; el resto recibió una amonestación, un apercibimiento o una multa, siendo la más alta de 15 días de salario.
No se tiene antecedente alguno respecto de la destitución de un juez o magistrado, ni antecedentes respecto de la interposición de algún recurso para impugnar las sanciones, las cuales han quedado firmes; tampoco denuncias de actos de corrupción, indicó.
Las redes de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, afirman abogados, han llevado a que las denuncias contra los encargados de impartir justicia no prosperen y los justiciables luchen contra el cártel del Poder Judicial.
Señalan que la protección de los más altos funcionarios del Poder Judicial hacia los jueces ha permitido que se cobren entre 200 mil y 600 mil pesos por el cambio de resultado o medida cautelar.
Mucho dinero en juego
Hay impartidores de justicia relacionados con despachos que representan a agresores sexuales y a gente muy influyente, y están abiertos a orientar sus fallos.
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mencionaron que los acuerdos en corto han permitido que togados cambien de manera vertiginosa su modo de vida, y lo demuestran los autos que conducen, las casas que tienen y la ropa que visten.
Consideraron que no es posible que aun cuando reciben salarios mensuales de 90 mil a 120 mil pesos, puedan darse esos lujos y acumular riqueza en arte y joyas.
Los trabajadores señalaron que otro impartidor de justicia ha sido denunciado por abuso de autoridad y tráfico de influencias. Se le conoce por acumular obras de arte y conducir automóviles de la marca Ferrari, por lo que le llaman Lord Ferrari.
Mencionaron que dichos regalos presuntamente fueron adquiridos tras llevar el caso de la Cooperativa Cruz Azul, por dar un trato favorable en los 18 juicios que la organización tenía en su contra en el ámbito local, pero de eso no hay ninguna investigación.
