El Gobierno Federal y los maestros de la Coordinadora Nacional (CNTE) siguen mostrando músculo y escalan el conflicto sin que alguna parezca ceder a las presiones del otro.
Ante la insistencia del contingente de la CNTE de mantener bloqueos, manifestaciones y plantones, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfriando la posibilidad de un encuentro con el magisterio disidente, hasta que anunció en una reunión que cancela la cita.
“¿Para qué hacen todo eso, si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo?“, les espetó. Pero el rechazo de la presidenta no solo no intimidó a los maestros sino que avivó sus protestas con una toma del aeropuerto capitalino. El magisterio liberó el lugar por la tarde, pero los bloqueos seguirán, anticipan.
”Esperamos que se reactive la mesa, porque la suspendieron arbitrariamente“, se queja Pedro Hernández, portavoz sectorial de la Coordinadora.
“Nada más nos mandaron un mensaje de WhatsApp, a través de la subsecretaria Rocío Bárcena, diciendo que se suspendía la mesa y que seguían en disposición de seguir construyendo acuerdos. No es nada serio”, añade el sindicalista, que asegura que mantendrán la estrategia de movilizaciones y el plantón en el Zócalo capitalino, donde instalaron su campamento al comienzo de la huelga indefinida.
La propia Coordinadora ha dicho que 25,000 trabajadores soportan la decisión de mantenerse.
Su objetivo es claro y se mantiene fijo desde comienzos de año: derogar la ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el sistema de pensiones solidarias e intergeneracionales por el de cuentas individuales gestionadas por las Afores, las administradoras privadas.
Con ese mensaje se han desplazado a distintos puntos de la capital.
Incluso llevaron sus protestas a las avenidas donde se encuentran las instituciones que manejan las afores con un blanco fijo: centrar el debate en el punto que consideran medular: devolver las pensiones al ámbito público.
La movilización al aeropuerto aumentó más la tensión en las relaciones con el Gobierno, que está comienza a perder la paciencia con el magisterio.
Aunque ya se habían desplazado en anteriores ocasiones a la base aérea, el impacto de estas protestas ha sido especialmente fuerte y ha paralizado brevemente las operaciones durante la mañana.
A pesar de las demoras en algunos vuelos, no ha habido ninguna cancelación.
La Secretaría de la Marina, junto con el Servicio de Protección Federal y la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria han desplegado un dispositivo de seguridad para garantizar el acceso al interior de las terminales, pero no se ha reportado ningún daño ni incidente.
Este es un final agrio para una semana que se antojaba diferente. Los maestros llevaban dos meses pidiendo reunirse personalmente con Sheinbaum, una demanda que fue finalmente atendida, pero que se evaporó ante la insistencia de mantener los bloqueos en la capital, que han paralizado intermitentemente el tráfico toda la semana, a pesar de haber logrado el encuentro.
“Esa reunión estaba acordada desde hace días, no tendrían por qué haber golpeado a reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad”, les ha reprochado la mandataria, tras confirmar que la reunión finalmente no tendría lugar.
Un día antes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anticipó la cancelación: “La hemos estado ofreciendo pero, en estas condiciones, ¿se puede hacer?, ¿se debe hacer?“.
El desencuentro por el método y los interlocutores de la negociación se ha sumado al que desde hace meses se mantiene como el principal nudo: si se puede o no se puede revertir la reforma que implementó el Gobierno de Felipe Calderón en 2007.
Aunque la mandataria se opuso en su día a la aprobación de esta ley, ha alegado en numerosas ocasiones que el Ejecutivo no cuenta con presupuesto suficiente para darle la vuelta de golpe, tras casi 20 años vigente. “Quitar la reforma tiene problemáticas diversas, (…) no es algo trivial de hacer”, ha dicho este viernes. Los maestros consideran que sí hay dinero suficiente y piden, al menos, una hoja de ruta para dar los primeros pasos hacia la derogación total.
Para sortear este escollo, el Ejecutivo ha planteado una batería de propuestas que no supondrían una inversión tan grande del erario público, de momento sin éxito.
La medida que más se acerca a las demandas del magisterio incluye completar las escasas pensiones de las cuentas individuales con el fondo de pensiones para el bienestar hasta alcanzar el salario medio del IMSS. Esto supondría que los retiros más bajos, de en torno a 4.000 pesos (unos 200 dólares), llegaran hasta los 17.000, aproximadamente.
Los maestros lo consideran un esfuerzo importante, pero insuficiente, pues creen que es una conquista temporal que podría perderse si en el futuro, esta u otra administración alega falta de presupuesto.
Sheinbaum también ha ofrecido un aumento del 9% de los salarios, con efecto retroactivo desde enero, más un 1% adicional desde septiembre, y una semana más de vacaciones, esta última una medida que no estaba entre las peticiones del gremio.
A todo ello se suma la congelación de la edad de jubilación en 56 y 58 años para mujeres y hombres respectivamente, en lugar de dejar que sigua aumentando progresivamente, como prevé la ley.
La Coordinadora sostiene que esta medida solo beneficiaría en realidad al 24% del magisterio, aquellos que pudieron acogerse al sistema anterior cuando se aprobó la reforma de 2007, y piden que se vuelva al supuesto anterior: la jubilación por años de servicio cumplidos, 28 para ellas, 30 para ellos.
El sindicato ha apostado todas sus cartas a la derogación de la ley del ISSSTE, con la reforma del sistema de pensiones y de jubilación como eje central, pero el Gobierno no parece muy dispuesto a ofrecer mucho más de lo que ya ha puesto sobre la mesa, que afecta a cuestiones más graduales que sustanciales.
La polémica ley afecta a unos 3.2 millones de trabajadores en activo y 1.33 millones de pensionados, entre maestros, el grueso principal, y el resto de los sectores públicos.
El magisterio está haciendo valer su peso para arrancarle el mayor número posible de concesiones al Ejecutivo. El precio que deberá pagar el Gobierno para que reculen todavía está por definir.
