La supremacía constitucional es un principio fundamental del derecho constitucional que establece que la Constitución de un país es la norma suprema y se sitúa por encima de cualquier otra ley o disposición.
Esto significa que todas las leyes, reglamentos y actos de gobierno deben estar en conformidad con la Constitución; de lo contrario, pueden ser declarados inválidos o inaplicables según la doctrina legal.
En México, la supremacía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este artículo establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella son la Ley Suprema de toda la Unión.
El principio de supremacía constitucional es esencial para garantizar la estabilidad, coherencia y legalidad dentro de un sistema jurídico.
Permite que la Constitución sirva como base para el ordenamiento jurídico, asegurando que todas las normas inferiores se subordinen a ella y que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En México, el principio de supremacía constitucional no solo se refiere a la jerarquía normativa, sino también a la distribución de competencias entre la Federación y los estados, así como a la protección de los derechos humanos según la doctrina constitucional mexicana.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel crucial en la interpretación y aplicación de la Constitución, garantizando que todas las leyes y actos de gobierno respeten su supremacía.
