“Y nosotras también somos ciudadanas”, así comenzaba el escrito de 1790, de mademoiselle Jodin, ilustrada francesa, a la Asamblea Nacional, cuando pidió un proyecto de legislación para las mujeres. Dos siglos y medio después es necesario reflexionar sobre las demandas de las mujeres, pero también reconocer el camino recorrido.
La región de América Latina y el Caribe ha consolidado un sólido entramado normativo y de políticas públicas orientadas a garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, con un horizonte de democracia paritaria asentado en la Agenda Regional de Género, de acuerdo con datos de ONU Mujeres.
En la actualidad, 18 países tienen leyes de cuota y/o paridad, lo que ha permitido alcanzar un promedio regional de 35.8% de parlamentarias, 28.8% de los gabinetes ministeriales son ocupados por mujeres; 36.9% de los cargos en máximos tribunales de justicia son ocupados por mujeres y lo mismo ocurre en 15.5% de las alcaldías o en 27.2% de los escaños de gobiernos locales.
Además, 15 países reconocen en su normativa la violencia contra las mujeres en política y 11 países regulan algún tipo de recurso para partidos y campañas electorales con perspectiva de género, lo que posiciona a América Latina y el Caribe como una de las regiones líderes en representación parlamentaria femenina en el mundo.
Pese al camino recorrido, persisten múltiples barreras que limitan la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y política y, de mantenerse las tendencias actuales, la paridad en los parlamentos no se alcanzará en los próximos 40 años, de acuerdo con la CEPAL.
ONU Mujeres advierte que la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en igualdad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030. Sin embargo, los datos muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. Por tanto, la paridad de género en la política está aún lejos de ser alcanzada.
Las mujeres en cargos directivos gubernamentales
A 12 de septiembre de 2025, hay 29 países donde 32 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años.
Datos recopilados por primera vez por ONU Mujeres muestran que, en el mundo al 1 de enero de 2025, las mujeres representan el 22.9% de los miembros de Gabinete dirigiendo Ministerios que lideran un área política.
Solo hay nueve países en los que las mujeres ocupan el 50 por ciento o más de los cargos de ministras del Gabinete que dirigen áreas políticas.
Las cinco carteras más ocupadas por ministras son Mujer e igualdad de género, Familia e infancia, Inclusión social y desarrollo, Protección social y seguridad social, y Cultura.
Las mujeres parlamentarias
El 27.2% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres, porcentaje que aumentó desde el 11 por ciento de 1995.
Solo seis países tienen 50% o más de mujeres en el parlamento en cámaras bajas o parlamentos unicamerales: Rwanda (64%), Cuba (56%), Nicaragua (55%), Andorra (50%), México (50%), y Emiratos Árabes Unidos (50%).
Otros 21 países han alcanzado o superado el 40%, entre ellos nueve en Europa, seis en América Latina y el Caribe, cinco en África, y uno en Asia-Pacífico.
En todo el mundo, hay 21 Estados en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los escaños en cámaras bajas o parlamentos unicamerales, incluidas tres cámaras bajas en las que no hay ninguna mujer.
Con el nivel de avance actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063.
Las mujeres ocupan el 36% de los escaños parlamentarios en América Latina y el Caribe y constituyen el 33% de los parlamentos de Europa y América del Norte. En el África subsahariana hay un 27% de mujeres legisladoras, seguidas de Asia oriental y sudoriental, con un 23.5%; Oceanía, con un 20%; África septentrional y Asia occidental, con un 19%; y Asia central y meridional, con un 17.5% de parlamentarias.
Las mujeres en los gobiernos locales
Los datos sobre 145 países muestran que las mujeres constituyen más de 3 millones (35.5%) de representantes en los cuerpos deliberativos locales. En solo dos países se ha alcanzado el 50%, y en otros 26 países, más del 40% de mujeres en gobiernos locales.
También se observan variaciones regionales en la representación de las mujeres en los órganos deliberativos locales, a partir de enero de 2024: Asia central y meridional, 41%; Europa y América del Norte, 37%; Oceanía, 31%; Asia oriental y sudoriental, 31%; América Latina y el Caribe, 29%; África subsahariana, 26%; África septentrional y Asia occidental, 20%.
Aumento de la participación
La meta común adoptada internacionalmente en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es lograr la participación política y distribución equilibrada del poder entre hombres y mujeres en la toma de decisiones.
Aunque la mayoría de los países no ha llegado la paridad de género, las cuotas sí han contribuido sustancialmente al progreso. En los países con cuotas de candidatura legisladas, la representación de las mujeres es cinco puntos porcentuales y siete puntos porcentuales superior en los parlamentos y los gobiernos locales, respectivamente, en comparación con los países que carecen de dicha legislación.
La evidencia demuestra que importancia de las mujeres líderes en los procesos de toma de decisiones políticas. Una investigación sobre los concejos locales en India puso de relieve que el número de proyectos de abastecimiento de agua potable en zonas donde dichos consejos están liderados por mujeres era un 62 por ciento mayor que en el caso de aquellas cuyos consejos están liderados por hombres. En Noruega se encontró una relación de causalidad directa entre la presencia de mujeres en los concejos municipales y la cobertura de la atención infantil.
Las mujeres demuestran liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias en grupos parlamentarios de mujeres —incluso en los escenarios políticos más agresivos— y al defender asuntos de igualdad de género como la eliminación de la violencia de género, licencias parentales y cuidado infantil, pensiones, leyes de igualdad de género y reforma electoral.
(Con información de CEPAL y ONU Mujeres)
