Actualmente hay 29.7 millones de perros y gatos en situación de calle en México, y se estima que al menos el 70 % fue previamente adoptado o criado en un hogar.
En México, la idea de hogar se asocia con la familia, el cuidado y la pertenencia. Un hogar es sinónimo de arraigo y promesa de protección.
Pero esa narrativa entra en crisis cuando más de 1,300 animales de compañía son abandonados cada día. La estadística da cuenta de un problema de cuidado individual pero también de una fractura colectiva entre lo que decimos valorar como sociedad y lo que en realidad sostenemos con nuestras decisiones.
¿Qué dice de nuestra sociedad que más de 20 millones de animales que alguna vez fueron parte de una familia hoy sobrevivan en la calle? Eso es resultado de la normalización del abandono.
El abandono no es sólo de quienes sueltan a un animal en una carretera, involucra a toda la sociedad: las familias que adoptan sin preparación, a quienes permiten la reproducción sin control, a quienes regalan animales como si fueran objetos, al mercado que promueve el consumo de animales sin comprometerse con su bienestar animal, a escuelas que no educan en el vínculo interespecie y a gobiernos que no asignan recursos ni articulan soluciones de largo plazo.
El abandono animal es, además, una crisis de salud pública, económica y cultural. Según la Organización Mundial de la Salud, el 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tiene origen animal. En ese contexto, una población animal sin control sanitario ni políticas de atención representa una amenaza directa.
Paradójicamente, mientras las cifras de abandono crecen, el mercado del bienestar animal en México supera los 3,290 millones de dólares al año. Muchas familias gastan entre mil y tres mil pesos mensuales en alimentos, servicios veterinarios y productos para sus mascotas. Pero ese bienestar está determinado por el consumo, no por la ley. En México, el bienestar animal es un privilegio, no un derecho garantizado. Y esa desigualdad también expresa qué valores priorizamos como país.
En México siguen sin incorporarse de forma vinculante en la legislación ni aplicarse en políticas de alcance nacional los marcos éticos y operativos que necesitamos. Las Cinco Libertades del Bienestar Animal —estar libres de hambre, incomodidad, dolor, miedo, y poder expresar comportamientos naturales— son el estándar internacional desde hace más de medio siglo.
La esterilización masiva, gratuita y territorializada no puede ser una acción puntual: debe transformarse en política pública permanente. La adopción responsable requiere protocolos, seguimiento veterinario y formación básica para quienes deseen compartir su vida con un animal. Y la educación en tenencia y vínculo interespecie debe integrarse desde la escuela primaria, como parte del aprendizaje cívico y comunitario. No se trata de un “extra”: se trata de formar personas capaces de sostener relaciones basadas en la empatía, la responsabilidad y el cuidado del otro.
Otros países han demostrado que esto es posible. España prohibió la venta de animales en tiendas y redujo en un 60 % los criaderos ilegales tras exigir formación previa para adoptar. Colombia reformó su Código de Policía para crear fondos públicos destinados a refugios y campañas de esterilización. Nueva Zelanda reconoció a los animales como seres sintientes, y reorganizó su legislación a partir de ese principio. No fue una decisión sentimental: fue una apuesta estratégica por redefinir el vínculo humano-animal como parte del bienestar colectivo.
México no está impedido de hacer lo mismo. Pero mientras sigamos abordando el abandono como un asunto de compasión o “amor por los animales”, seguiremos despolitizando una urgencia estructural. El abandono animal no es sólo una causa noble, sino que es un indicador país.
Cada uno de esos 1,300 abandonos diarios no sólo deja a un animal desprotegido: deja expuesto un modelo de sociedad. Uno donde el afecto se vuelve condicional, el cuidado es optativo y el hogar, muchas veces, un privilegio revocable.
(Con información de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP)
