Las dificultades que enfrentan las mujeres mexicanas para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad no comienzan en el consultorio. La disponibilidad de ingresos, el tipo de empleo, el lugar de residencia y el tiempo destinado a cuidar a otras personas condicionan su capacidad para solicitar atención, adquirir medicamentos, asistir a consultas y mantener un tratamiento sin comprometer la estabilidad económica del hogar.
El informe Obstáculos que afrontan las mujeres mexicanas en los servicios de salud, publicado el 1 de julio de 2026, examina esta relación mediante información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares —ENIGH 2024 y de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México —ENASEM. El análisis incluye diferencias por sexo, nivel de ingreso, entidad federativa y ubicación urbana o rural.
El componente cuantitativo se complementa con dos grupos focales integrados por pacientes y cuidadoras de entre 20 y 65 años que conviven con enfermedades no transmisibles. Sus testimonios aportan una aproximación a los efectos personales, familiares, económicos, laborales y sociales de estas condiciones, pero no constituyen una muestra representativa de todas las mujeres mexicanas.
¿Qué muestra la evidencia sobre enfermedad y envejecimiento?
El documento identifica que las diferencias entre mujeres y hombres se amplían cuando las enfermedades crónicas coinciden con el envejecimiento y la necesidad de cuidados prolongados. Para interpretar los resultados es necesario distinguir entre las estimaciones construidas por el estudio y los indicadores nacionales difundidos directamente por el INEGI en 2026.
El análisis estima que el 72.1 % de los adultos mayores vive con al menos una enfermedad crónica. En los padecimientos seleccionados, la hipertensión afecta a 40 de cada 100 mujeres y a 30 de cada 100 hombres; la diabetes presenta una proporción equivalente y el cáncer registra una diferencia de un punto porcentual en perjuicio de las mujeres.
Los resultados oficiales de la ENASEM publicados en abril de 2026 muestran que, entre las personas de 60 años y más, el diagnóstico de hipertensión alcanzó al 56.2 % de las mujeres y al 40.6 % de los hombres. En diabetes, las proporciones fueron de 29.7 % y 25.2 %, respectivamente.
Entre la población de 50 años y más, el 33.1 % de las mujeres presentó cinco o más síntomas depresivos, frente al 17.1 % de los hombres. Las limitaciones para realizar actividades como hacer compras, preparar alimentos o administrar dinero también fueron más frecuentes entre ellas, con 12.4 %, frente a 5.8 % en los hombres.
Estos indicadores muestran que la carga sanitaria no se limita al diagnóstico de una enfermedad. También involucra autonomía, salud mental, necesidad de apoyo y capacidad para realizar actividades cotidianas. Cuando estas condiciones coinciden con menores ingresos y responsabilidades de cuidado, la atención deja de depender únicamente de la existencia de una institución médica y comienza a estar condicionada por la organización económica y familiar.
La desigualdad económica aumenta el peso de la enfermedad
El análisis de la ENIGH muestra una diferencia de 14 a 1 entre el ingreso corriente medio mensual de los hogares del decil más alto y el más bajo. El primer decil recibe aproximadamente 5,598 pesos mensuales y concentra 2.2 % del ingreso, mientras que el décimo alcanza cerca de 78,697 pesos y reúne 30.3 % del total.
Esta distancia modifica el impacto real de cualquier gasto médico. Los hogares con menores ingresos destinan entre 4 % y 20 % de sus recursos a salud, mientras que en los hogares del decil superior la proporción fluctúa entre 0.43 % y 1.4 %. En Oaxaca, el desembolso sanitario alcanza 21.5 % entre los hogares ubicados en el nivel de ingreso más bajo.
A nivel nacional, los hogares dedican en promedio 3.4 % de su ingreso corriente al cuidado de la salud. Los medicamentos y productos sanitarios concentran 37.86 % de ese gasto; la atención ambulatoria y otros servicios representan 35.25 %, y la hospitalización reúne el 26.88 % restante. La presión financiera, por tanto, no aparece solamente frente a una urgencia o una internación, sino que se acumula mediante compras y atenciones recurrentes.
La lectura de estos resultados exige evitar una conclusión automática. Un mayor gasto puede reflejar capacidad económica y disponibilidad de servicios, pero también insuficiencia de la oferta pública, necesidad de recurrir al sector privado o compra directa de medicamentos. El porcentaje desembolsado debe analizarse junto con el ingreso, la carga de enfermedad, la cobertura efectiva y la infraestructura disponible en cada territorio.
¿Dónde se concentra la presión del gasto sanitario?
La desagregación territorial revela que la composición del gasto cambia entre entidades y que las mujeres suelen destinar una proporción mayor de sus ingresos a la atención. Los resultados también permiten diferenciar entre el desembolso destinado a hospitalización, medicamentos y servicios ambulatorios.
Oaxaca, Zacatecas, Guerrero y Michoacán presentan los porcentajes más altos de gasto femenino en salud, con 13.3 %, 11.4 %, 10.7 % y 10.6 %, respectivamente. En las dos primeras entidades, la distancia entre mujeres y hombres supera cuatro puntos porcentuales.
El gasto hospitalario supera el 30 % del desembolso sanitario en entidades como Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes, Colima, Nuevo León y Oaxaca. El documento vincula esta situación con atenciones que no son absorbidas completamente por el sector público.
Los medicamentos y productos sanitarios representan más del 40 % del gasto en Michoacán, Ciudad de México, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí. El resultado apunta a una erogación recurrente para adquirir tratamientos e insumos con recursos del hogar.
La comparación muestra que una misma estrategia no respondería de forma adecuada a todas las entidades. Los territorios con mayor gasto hospitalario requieren revisar la capacidad resolutiva y la cobertura de eventos de mayor complejidad, mientras que aquellos con una elevada proporción destinada a medicamentos necesitan evaluar disponibilidad, continuidad del suministro y desembolso directo.
El cuidado reduce el tiempo disponible para generar ingresos
Las mujeres dedicadas exclusivamente al cuidado de integrantes del hogar emplean en promedio 36.1 horas semanales en esta actividad, frente a 22.3 horas entre los hombres. Cuando se suman el trabajo doméstico y el cuidado, la dedicación femenina asciende a 54 horas por semana, 15.6 horas adicionales frente a quienes realizan las mismas tareas.
La brecha persiste incluso entre quienes combinan una ocupación remunerada con las responsabilidades domésticas. En esos casos, las mujeres dedican ocho horas semanales más, una diferencia que reduce el tiempo disponible para mantener jornadas completas, capacitarse, descansar o acudir a servicios médicos.
La maternidad amplía este efecto económico. La diferencia de ingresos entre mujeres y hombres es de 21.6 % cuando ellas no tienen hijos, sube a 35.8 % con un hijo y alcanza 52.7 % entre quienes tienen cuatro o más. El documento relaciona esta progresión con la distribución desigual del cuidado y con las restricciones que enfrentan para acceder a empleos mejor remunerados.
El dato resulta relevante para el sistema sanitario porque la continuidad de un tratamiento depende también de la estabilidad laboral. Una persona que debe elegir entre asistir a una consulta o conservar el ingreso del día enfrenta una barrera de acceso, incluso cuando el servicio médico se encuentra disponible.
¿Qué añaden los datos oficiales publicados en 2026?
Los indicadores más recientes del mercado laboral permiten ubicar las conclusiones del documento dentro del escenario económico actual. Las cifras confirman que la desventaja no desaparece cuando las mujeres participan en actividades remuneradas, porque una parte significativa permanece en empleos informales o con ingresos reducidos.
En junio de 2026, la tasa de participación económica fue de 45.7 % para las mujeres y 73.8 % para los hombres. El país registró 24.8 millones de mujeres ocupadas frente a 35.3 millones de hombres.
La informalidad laboral femenina alcanzó 55.9 % durante ese mismo mes. Esta condición implica que una proporción amplia de las trabajadoras desarrolla su actividad sin la protección y las prestaciones asociadas con un empleo formal.
Las estadísticas difundidas por el INEGI en marzo de 2026, correspondientes al tercer trimestre de 2025, señalaron que 46.7 % de las mujeres ocupadas recibía hasta un salario mínimo y 5.6 % no obtenía ingresos.
La menor participación económica no puede interpretarse únicamente como una decisión individual de permanecer fuera del mercado laboral. El tiempo dedicado a labores domésticas y cuidados actúa como una restricción estructural. Esta relación conecta directamente la política laboral con la salud, porque determina el ingreso, la seguridad social y la posibilidad de asumir los costos de una enfermedad.
Los testimonios revelan impactos que las cifras no muestran
La sección cualitativa describe un periodo de incertidumbre entre la aparición de los síntomas y la confirmación de un diagnóstico. Durante ese intervalo se modifican la dinámica familiar, el desempeño educativo, el trabajo y las decisiones económicas. La confirmación de la enfermedad aporta claridad, pero también obliga a reorganizar la vida alrededor de consultas, vigilancia, tratamientos y cuidado.
Las participantes señalaron que la responsabilidad de cuidar suele asignarse a las mujeres por expectativas familiares y estereotipos de género. Esta función puede obligarlas a posponer su independencia, modificar relaciones personales, abandonar proyectos y reducir la actividad laboral, sin que el trabajo realizado sea reconocido o remunerado.
Los costos tampoco se limitan a los procedimientos médicos. El transporte, la alimentación, las adecuaciones de la vivienda, los dispositivos de movilidad y otros insumos forman parte del presupuesto asociado con una enfermedad crónica. La necesidad de cubrirlos traslada una parte de la respuesta sanitaria al entorno familiar.
En los espacios laborales y educativos, las enfermedades sin manifestaciones visibles pueden generar cuestionamientos, falta de empatía y discriminación. Las citas frecuentes, los episodios impredecibles y las necesidades de descanso resultan difíciles de conciliar con estructuras rígidas, mientras algunas cuidadoras terminan reduciendo o abandonando el empleo.
El reconocimiento del cuidado ya forma parte de la planeación nacional
El Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo, incluyó entre sus objetivos el reconocimiento y la redistribución de los trabajos domésticos y de cuidado. La responsabilidad deberá compartirse entre gobiernos, sector privado, hogares, familias y comunidades.
La incorporación del tema en la planeación nacional representa un punto de partida, pero el alcance dependerá de su traducción en servicios e indicadores verificables. Para el sector salud, esto supone observar no solo cuántas personas son atendidas, sino también los tiempos de diagnóstico, la continuidad de los tratamientos, el gasto directo, la disponibilidad de medicamentos y el efecto de los cuidados sobre la vida laboral.
El documento propone reconocer formalmente a las personas cuidadoras, promover una distribución equitativa de esa responsabilidad, reducir la discriminación, integrar la atención emocional y flexibilizar las jornadas laborales o educativas cuando una enfermedad lo requiera. También plantea fortalecer las redes comunitarias y mejorar la oportunidad del diagnóstico.
Una política de equidad debe conectar salud, trabajo e ingresos
Los resultados muestran que ampliar la infraestructura sanitaria es necesario, pero no suficiente. Una mujer puede tener una unidad médica cerca y continuar excluida de la atención si no puede abandonar temporalmente su empleo, pagar el traslado, adquirir medicamentos o delegar el cuidado de sus familiares.
El principal valor del análisis está en conectar dimensiones que suelen administrarse por separado. Enfermedades crónicas, empleo informal, brecha de ingresos, maternidad y cuidado forman parte de un mismo circuito de desigualdad que condiciona la oportunidad y la continuidad de la atención.
El desafío para México será convertir el reconocimiento institucional del cuidado en apoyos medibles. La evaluación deberá considerar cuánto gastan los hogares, cuántas horas destinan las mujeres a cuidar, qué tratamientos se interrumpen y cuántas pacientes o cuidadoras abandonan el trabajo o los estudios. Sin esa información, la cobertura puede crecer en los registros sin eliminar las barreras que operan en la vida cotidiana.
